Bajo la dirección del gobernador Ron DeSantis, Florida ha firmado un acuerdo que refuerza la cooperación en materia migratoria, convirtiéndose en el segundo estado en tomar esta medida. Este convenio busca fortalecer la seguridad fronteriza y mejorar la coordinación entre agencias estatales y federales para la aplicación de las leyes migratorias.

La decisión se enmarca dentro de una serie de políticas impulsadas por la administración estatal para reforzar el control migratorio, una de las prioridades de DeSantis. Según las autoridades, este acuerdo permitirá una mayor colaboración con las fuerzas del orden y brindará herramientas adicionales para abordar los desafíos derivados de la inmigración irregular.

El gobernador destacó que Florida comenzará a implementar medidas para proteger sus fronteras y garantizar el cumplimiento de las leyes, enfatizando que la seguridad de los ciudadanos es una prioridad para su administración.

Florida amplía su colaboración con el gobierno federal en la aplicación de leyes migratorias

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha anunciado un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que otorga nuevas facultades a la Policía de Carreteras de Florida (FHP) para colaborar en la aplicación de las leyes migratorias. Con esta medida, Florida se convierte en el segundo estado en reforzar su participación en el control migratorio a nivel estatal, siguiendo los pasos de Texas.

El convenio establece que los agentes de la FHP recibirán capacitación especial por parte de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que les permitirá desempeñar funciones que antes estaban reservadas exclusivamente para las autoridades federales. Esto incluye la posibilidad de interrogar a personas sospechosas de estar en el país sin documentación legal, detenerlas y coordinar su proceso de deportación.

Según DeSantis, esta iniciativa busca acelerar la expulsión de inmigrantes en situación irregular y reforzar la seguridad en Florida. Además, el gobernador ha destacado que este acuerdo es parte de un esfuerzo mayor para respaldar el plan del expresidente Donald Trump de llevar a cabo un programa de deportaciones a gran escala.

¿Cómo funciona este nuevo acuerdo migratorio?

El programa bajo el cual se desarrolla este convenio es el 287(g), una política del ICE que permite delegar ciertas funciones migratorias a agentes estatales y locales, siempre bajo la supervisión de autoridades federales. Como parte de este plan, los patrulleros de la FHP recibirán capacitación especializada para poder actuar dentro del marco de la ley migratoria federal, ampliando así su capacidad operativa en el estado.

Objetivos del acuerdo migratorio en Florida

Durante una conferencia de prensa en el Capitolio estatal, el gobernador Ron DeSantis destacó que este acuerdo representa un paso clave en su estrategia para frenar la inmigración irregular. Según DeSantis, la medida facilitará la ejecución de un plan de deportaciones a gran escala, alineado con las promesas de campaña del expresidente Donald Trump.

Además, el gobernador afirmó que el principal objetivo de esta colaboración es disuadir la inmigración ilegal mediante el refuerzo de la seguridad estatal y la participación activa de las fuerzas locales en operativos migratorios. La iniciativa también busca aliviar la carga de trabajo de las autoridades federales, permitiendo respuestas más rápidas y coordinadas.

Posible ampliación del programa a otras agencias estatales

El convenio no solo involucra a la Policía de Carreteras de Florida (FHP), sino que también abre la puerta a la participación de otras entidades estatales en labores de control migratorio. Entre los organismos que podrían sumarse en el futuro se encuentran el Departamento de Seguridad Pública de Florida (FLHSMV) y la Guardia Nacional estatal.

De acuerdo con DeSantis, la inclusión de más agencias dependerá de la necesidad operativa y de la evolución de la situación migratoria en el estado. Sin embargo, la toma de decisiones sobre detenciones y deportaciones continuará siendo responsabilidad de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). También se evalúa la posible intervención del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE) en tareas de logística y de apoyo.

Reacciones y controversias en torno a la iniciativa

El director del FLHSMV, Dave Kerner, elogió el acuerdo, calificándolo como una herramienta clave para reforzar la seguridad en Florida. Según Kerner, la colaboración entre agencias estatales y el gobierno federal permitirá una mayor efectividad en la aplicación de la ley migratoria.

Sin embargo, la propuesta ha generado divisiones en el ámbito legislativo estatal. A pesar de que DeSantis ha impulsado nuevas medidas para fortalecer el control migratorio, algunos legisladores han expresado desacuerdos sobre la ampliación de las facultades estatales en este ámbito, lo que podría dar lugar a negociaciones adicionales en las próximas semanas.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos han manifestado su preocupación por el posible impacto de este acuerdo en comunidades de inmigrantes. Los críticos advierten que la iniciativa podría derivar en casos de perfilamiento racial y afectar los derechos civiles de quienes residen en Florida. Además, los legisladores demócratas han señalado que el endurecimiento de las políticas migratorias podría generar un clima de temor, dificultando la cooperación de los inmigrantes con las autoridades en situaciones de emergencia o investigaciones criminales.

Implicaciones legales y constitucionales

El acuerdo firmado entre el estado de Florida y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) podría enfrentar desafíos legales en los tribunales, debido a las tensiones existentes entre la autoridad estatal y federal en la aplicación de las leyes migratorias. Aunque el programa 287(g) ha sido utilizado en otros estados con éxito, la implementación ampliada en Florida podría dar lugar a disputas sobre el alcance de las competencias estatales en este ámbito.

Expertos en derecho han señalado que uno de los principales puntos de debate será la posibilidad de que se presenten demandas por posibles abusos de autoridad o interpretaciones excesivas de las facultades delegadas. Asimismo, se plantea la necesidad de garantizar que los derechos constitucionales de las personas detenidas sean respetados, incluyendo el debido proceso y la prohibición de detenciones arbitrarias.

Las autoridades estatales han asegurado que todos los oficiales recibirán la capacitación adecuada para actuar conforme a la ley y evitar violaciones a los derechos civiles. Sin embargo, organizaciones defensoras de los inmigrantes han manifestado su preocupación sobre la aplicación efectiva de estas garantías y han advertido que seguirán de cerca la implementación del programa.

Repercusiones a nivel nacional y expansión a otros estados

Con esta medida, Florida sigue los pasos de Texas al convertirse en uno de los primeros estados en reforzar su participación en la aplicación de las leyes migratorias a nivel estatal. Se prevé que otros estados liderados por gobernadores republicanos consideren iniciativas similares en los próximos meses, lo que podría influir significativamente en la política migratoria de Estados Unidos.

El acuerdo también podría tener un impacto en el debate nacional sobre la distribución de responsabilidades entre los gobiernos estatales y federales en materia migratoria. A medida que el programa se implemente y se desarrollen nuevas estrategias en otras jurisdicciones, será fundamental observar cómo responden tanto los legisladores como los tribunales a esta expansión del papel estatal en el control migratorio.

Por Hector Camacho: