La Procuraduría General de la República de Nicaragua busca explicar la expropiación de bienes.

"La Procuraduría General de la República (PGR) de Nicaragua salió en defensa este sábado (18.05.2024) de las expropiaciones de propiedades pertenecientes a ONG, medios de comunicación y particulares. Argumentan que estas acciones se han llevado a cabo debido a presuntos delitos relacionados con la seguridad ciudadana, narcotráfico, lavado de dinero o violaciones a la ley".


                              Foto: referencial


FCW: En un comunicado, la PGR, como representante legal del Estado, afirmó que los bienes han sido recuperados "legalmente para el pueblo nicaragüense" y que no constituyen confiscaciones. "El Estado reafirma su estricto apego al respeto de la propiedad privada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44, último párrafo, de nuestra Constitución Política, que prohíbe la confiscación de bienes", señaló. 


La declaración de la Procuraduría se emitió después de que una investigación del Observatorio Pro-Transparencia y Anticorrupción (OPTA) estimara en al menos 250 millones de dólares las expropiaciones realizadas por el Gobierno encabezado por Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo. OPTA indicó que las "confiscaciones ilegales de bienes" representan una deuda pública que los nicaragüenses tendrán que pagar, similar a lo sucedido con las propiedades confiscadas durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990), conocida como piñata.


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Piñatas en Nicaragua


La piñata es la distribución de bienes y propiedades confiscadas a la familia Somoza, a sus seguidores y a sus opositores durante la década de los ochenta del siglo pasado, así como entre febrero y abril de 1990 durante el período de transición presidencial, cuando Ortega entregó el poder a la entonces presidenta, Violeta Barrios de Chamorro.


OPTA advirtió que la primera piñata costó a los nicaragüenses 2.000 millones de dólares en forma de Bonos de Pagos por Indemnización (BPI), que se incluyeron en el Presupuesto General de la República a partir de 1998. Esta vez, según el estudio preliminar, el monto se estima en al menos 250 millones de dólares, que "representan la punta del iceberg de la nueva piñata Ortega Murillo".


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