"El mandatario colombiano, Gustavo Petro, reveló el 24 de mayo su plan de llevar al Estado de Colombia ante las Naciones Unidas por "falta de cumplimiento del Acuerdo de Paz", argumentando que este acuerdo entre el Estado y las ex FARC abriría la posibilidad de convocar una nueva asamblea constituyente".

FCW: Una declaración sorprendente ha provocado reacciones de rechazo, confusión y preocupación: "Es un absurdo usar el Acuerdo de Paz para convocar una constituyente", declaró rápidamente el ex presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, galardonado con el Premio Nobel de la Paz.

"Nunca se planteó una constituyente en La Habana"

"El Acuerdo de La Habana nunca contempló la aprobación de una Constituyente", señala la jurista Liliana Estupiñán Achury, vicepresidenta de la Red de Iniciativas para la Gobernabilidad, la Democracia y el Desarrollo Territorial (Rinde). "En La Habana se propusieron reformas políticas, pero nunca se planteó la convocatoria a una asamblea constituyente a nivel nacional", reitera el sociólogo Eduardo Pizarro, quien califica de "error" de Petro "buscar una salida por una puerta falsa, dada su debilidad para llevar a cabo reformas a través del parlamento, como le corresponde, y querer convocar a una Asamblea Constituyente".

El Acuerdo de Paz, firmado el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá, es un compromiso nacional para llevar a cabo una reforma rural integral, ampliar la apertura democrática, poner fin al conflicto, abordar el problema de las drogas ilícitas y reparar a las víctimas. Estos puntos se implementarán dentro de un marco integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, garantizando los derechos humanos.

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Lo que realmente necesita el Acuerdo de Paz es implementación

Pero, ¿es necesario algo más para cumplir plenamente con el Acuerdo de Paz? "Las principales reformas legislativas y constitucionales ya fueron aprobadas en 2017 y 2018, por lo que la esencia del Acuerdo de Paz no requiere ni siquiera de reformas legales sustanciales, sino de medidas ejecutivas. Por lo tanto, no existen obstáculos constitucionales que impidan su implementación", responde Rodrigo Uprimny, investigador y profesor de la Universidad Nacional. Además, le recuerda al Gobierno de Colombia que simplemente debe ejecutar su propio Plan de Desarrollo, que ya ha sido aprobado como ley.

En realidad, destaca Rodrigo Uprimny, "Gustavo Petro no cuenta con las mayorías en el Congreso, ni con el respaldo de las fuerzas políticas y sociales para lograr ese cambio fuera de la Constitución".

El vergonzoso "déficit de implementación" de dos gobiernos

La profesora Estupiñán considera que, aunque se reconozca la voluntad de paz de Petro, esto refleja la gran culpa que llevan el gobierno actual (2022-2026) y el anterior de Iván Duque (2018-2022), responsables de un "déficit de implementación" que la ONG Indepaz y la Defensoría del Pueblo cifran en cifras escandalosas: desde 2016 han sido asesinados unos 1.364 líderes y lideresas sociales. Y en solo 5 meses de 2024 van 10 firmantes de paz asesinados, así como 70 líderes sociales, y se han registrado 24 masacres (con un promedio de 3 personas) y 35 eventos de desplazamiento. 

Es una vergüenza nacional que "no se resuelve con una constituyente sino con un verdadero compromiso con la agenda de paz saboteada", sentencia la profesora Estupiñán Achury, miembro de la Red de Mujeres Constitucionalistas de América Latina.

"Cretinismo jurídico": hacer una ley y el problema se resolverá

Por otro lado, Eduardo Pizarro, sociólogo y ex embajador de Colombia en Países Bajos, le dice a DW que el presidente de Colombia está cayendo en el vicio latinoamericano del "cretinismo jurídico", que consiste en "creer que cambiando la Constitución se cambia la realidad". El analista sospecha que el ELN, en negociaciones de paz, estaría presionando al Gobierno de Petro por una constituyente y concluye que no es la Constitución la que se tiene que adaptar a esa guerrilla, sino que es ésta la que debe adaptarse a la Constitución.

Proponer una constituyente en tiempos de extrema polarización preocupa a muchos ciudadanos en Colombia, entre ellos a la constitucionalista Liliana Estupiñán, que ha investigado los dos intentos fallidos de consensuar una Constitución en Chile. A la investigadora colombiana le preocupa además el "cierre de filas", tanto en torno al petrismo como en torno a la ultraderecha en la oposición en Colombia. Una postura que podría inducir a "contrareformas" y derivar en "antidemocracia". 

Estupiñán Achury advierte a DW que las tentativas de Petro pueden degenerar en un "constitucionalismo abusivo o autoritario - contradictorio en sí - pero aún enmarcado dentro de la democracia, y puede resultar dañándola". La analista enfatiza que todo intento de convocar o instalar una constituyente tiene que pasar por el Congreso, aparte de que "todo cambio de Constitución impulsado por un solo partido o movimiento político es tremendamente antidemocrático".

La Constitución de 1991 "une a los colombianos"

La conclusión de los expertos consultados por DW es unánime: el problema no es que la Constitución vigente en Colombia no sirva, lo que falta es la implementación del Acuerdo de Paz.

El profesor Rodrigo Uprimny, que sigue apoyando muchas propuestas del Gobierno, insiste en que es "un error garrafal de Gustavo Petro querer cambiar la Constitución", idea que considera "innecesaria, improvisada, inoportuna, contradictoria, ambigua y riesgosa".

El sociólogo agrega que la Constitución de 1991 es aceptada por la gran mayoría de los colombianos, y recuerda que "Petro no fue elegido para convocar una constituyente". Por lo tanto, "cualquier intento de invocar un poder constituyente fuera de los procedimientos constitucionales sería simplemente una ruptura antidemocrática". Eso sería un ataque a la moderna Constitución de 1991, según Uprimny, que la considera "una de las pocas cosas que hoy nos unen a los colombianos".