"Este miércoles (22.05.2024), la entidad Human Rights Watch (HRW) remitió una comunicación al mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, alertando que su determinación de catalogar la lucha contra el crimen organizado como un "conflicto armado internacional" es infundada y ha propiciado "graves violaciones de derechos humanos" por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas".

FCW: "De acuerdo con el derecho internacional, la determinación de la existencia de un conflicto armado se basa en un análisis objetivo de criterios que abarcan el nivel de organización de los grupos armados y la intensidad de las hostilidades", explicó HRW. Según la ONG, el Gobierno de Noboa "no ha proporcionado pruebas suficientes de que los enfrentamientos con los grupos criminales constituyan un conflicto armado internacional".

Posible ejecución extrajudicial, decena de abusos

Luego de entrevistar a una docena de víctimas de abusos, solicitar información a instituciones estatales, analizar 33 fotografías y videos, y revisar expedientes de casos judiciales, HRW indicó que "las violaciones incluyen varios casos de detenciones arbitrarias y al menos una aparente ejecución extrajudicial". 

Se refirió a un incidente ocurrido el 2 de febrero en Guayaquil, donde dos soldados mataron a Carlos Javier Vega, de 19 años, e hirieron a su primo Eduardo Velasco. Las Fuerzas Armadas los calificaron de "terroristas", acusándolos de supuestamente intentar "evadir el control, embistiendo al personal militar". 

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Sin embargo, las entrevistas de Human Rights Watch con testigos, familiares y abogados de las víctimas, así como los videos y las fotografías verificados, junto con los documentos judiciales, contradicen la versión del Ejército.

Casos de tortura en prisión

"El Gobierno debe responder a la violencia con una política de seguridad efectiva que proteja a los ecuatorianos y sea respetuosa de los derechos humanos", afirmó la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus.

HRW también denunció que "los militares, que controlan las cárceles ecuatorianas desde enero, han mantenido a los detenidos incomunicados, obstaculizando en ocasiones su derecho a consultar con abogados o a recibir asistencia médica". La organización añadió que "los soldados parecen ser responsables de algunos casos de tortura en prisión".